La Junta de Castilla y León ha incluido 89 sectores más de los propuestos por el Gobierno para la opción a de ayudas directas de autónomos, empresas, profesionales y pymes, destinadas a reducir el impacto económico de la covid-19, reflejadas en las bases reguladoras de las ayudas publicadas este miércoles.
El consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, ha dado a conocer estas iniciativas en rueda de prensa, en la que ha recordado que el gobierno destinó 7.000 millones de euros a las Comunidades autonómicas para este tipo de subvenciones, de los que 232 correspondieron a Castilla y León, la segunda autonomía con menor asignación.
Tras subrayar que la Junta, como la organización ATA, consideró inadecuada esa distribución, ha explicado que se solicitó al Gobierno central incluir alguna actividad más de las que se recogían en el Real Decreto Ley 5/2021 que disponía estas actuaciones.
De esta forma, Castilla y León ha incorporado 89 actividades económicas más a las que pueden destinarse estas ayudas, hasta llegar a la cifra total de 184, y ha establecido un procedimiento «simplificado» para dar respuesta a las solicitudes que se planteen.
Fernández Carriedo ha explicado que Castilla y León es la segunda Comunidad tras Madrid en convocar estas ayudas para reducir el impacto de la covid-19 fijando las bases y ha concretado que la Junta podrá articular un nuevo procedimiento, con cargo a crédito autónomo, en el supuesto de que no se puedan atender todas las solicitudes por agotamiento del crédito asignado por el Ejecutivo central.
Los beneficiarios de estas ayudas directas serán las empresas no financieras y autónomos con domicilio fiscal en Castilla y León que pertenezcan a los sectores definidos por el Decreto Ley y la Junta de Castilla y León en la convocatoria.
Las ayudas se dirigen a grupos y empresas cuyo volumen de operaciones haya sido superior a 10 millones de euros en 2020 y desarrollen su actividad en más de un territorio autonómico o las entidades no residentes no financieras que operen en España a través de establecimiento permanente.
Además, también se pueden beneficiar los grupos, empresarios, profesionales o entidades cuyo volumen de operaciones en 2020 haya sido superior a 10 millones y desarrollen su actividad en otros territorios podrán participar de las convocatorias que allí se convoquen.
Respecto a la cuantía de la ayuda, los empresarios o profesionales que apliquen el régimen de estimación objetiva de tributación por módulos en el IRPF, la ayuda corresponderá al máximo fijado de 3.000 euros.
Para el resto de empresarios y profesionales, sin perjuicio de que se pueda incrementar si hubiera crédito disponible y de forma proporcional a la caída del volumen de operaciones de 2020, el importe inicial será de 4.000 euros.
Las cantidades que reciban los solicitantes se emplearán en satisfacer la deuda y realizar pagos a proveedores y otros acreedores, financieros y no financieros, así como costes fijos que hayan tenido los autónomos y empresas, primando la reducción del nominal de la deuda con aval público, siempre y cuando las deudas se hayan devengado a partir de 1 de marzo de 2020 y procedan de contratos anteriores a la entrada en vigor del Real Decreto-Ley 5/2021.
Tras un análisis sobre los sectores que se han visto especialmente afectados por la crisis de la covid-19, la Junta ha añadido 89 actividades a las ya fijadas distribuidas en 37 en el ámbito del de comercio, 15 del ámbito agrícola/ganadero, otras 15 de turismo/cultura, seis de educación, cinco del ámbito sanitario, ocho del área de servicios sociales y tres de otros servicios.
Entre estos colectivos se encuentran explotaciones de ganado bovino, ovino, caprino, porcino y equino; avicultura; elaboración de vinos; fabricación de cerveza, quesos, pan, productos cárnicos; reparación de vehículos y repuestos; flores y plantas; frutas, lácteos, textiles y el comercio de aparatos electrodomésticos.
Además, la Comunidad también ha incorporado como subvencionables las actividades de producción cinematográfica, vídeo y televisión; la distribución de programas de televisión; actividades hospitalarias, de medicina general y especializada; peluquerías, transportes de mercancías por carretera; autoescuelas; la creación artística y literaria; y las academias de enseñanza e idiomas, entre otras.
Para la tramitación de las correspondientes solicitudes, la Junta de Castilla y León ha dispuesto un sistema «simplificado», utilizando siempre que sea posible la fórmula de la declaración responsable y sin exigir requisitos adicionales a los previstos en la normativa.
En el procedimiento será obligatoria la tramitación electrónica y el plazo de presentación de solicitudes comenzará el 20 de mayo y estará abierto hasta el próximo 6 de julio, mientras que el plazo máximo para resolver y notificar la resolución se ha fijado el 31 de diciembre de 2021.
El consejero ha aclarado que las solicitudes se irán resolviendo a medida que vayan llegando y ha calculado en unos 70.000, de forma provisional y orientativa, las empresas, autónomos, profesionales y pymes que puedan haber visto una caída de su actividad superior al treinta por ciento respecto a 2019 y que podrán optar a estas subvenciones.
Fernández Carriedo ha considerado que parte de los solicitantes podrán cobrar las ayudas «en muy poco tiempo» y ha detallado que, en el caso de los que tengan que acreditar una caída de la actividad de ese treinta por ciento, será necesario esperar a contar con la certificación perceptiva de la Agencia Tributaria.
Fuente: EFE
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