El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves, el Real Decreto-ley de medidas urgentes para garantizar la solvencia de las empresas dotado con un total de 11.000 millones, que incluye un fondo de 7.000 millones de euros en ayudas directas para empresas y autónomos afectadas por la crisis de la COVID-19.
A pesar de que la medida entró en vigor tras ser publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), cada Real Decreto-ley debe someterse al examen del Congreso en el plazo de un mes para su definitiva convalidación. En este caso, la norma ha sido aprobada por 177 votos a favor, 118 en contra y 113 abstenciones, entre ellas las del Partido Popular (PP), Ciudadanos o PNV, que habían solicitado que se tramitase como proyecto de ley para poder proponer cambios en forma de enmiendas.
La vicepresidenta económica ha defendido este fondo de ayudas porque, tras el daño «significativo» causado por la pandemia, «tenemos por delante semanas complicadas y hay que seguir ayudando a trabajadores, empresas y autónomos».
Durante su intervención, Calviño ha asegurado que este año se van a movilizar unos 29.000 millones de euros, el 2 % del PIB, «para dar una respuesta adecuada en el plano sanitario, educativo y económico». Así, a los 11.000 millones de euros aprobados este jueves, se suman las cuantías dedicadas a los ERTE u otras dedicadas a proteger el empleo y los 8.000 millones de los fondos React-EU, entre otros.
«Para afrontar la recuperación es imprescindible seguir actuando con anticipación, previendo dificultades y tomando medidas responsables, rigurosas y de calado para evitar daños estructurales en tejido productivo», ha defendido la ministra, que ha pedido a la Cámara el apoyo a la citada norma.
7.000 millones en ayudas directas
En total, el decreto ley contiene 7.000 millones de euros en ayudas directas que se podrán destinar al pago de gastos fijos, deudas de proveedores y al pago a otros acreedores financieros y no financieros, para evitar que el sobreendeudamiento empresarial lastre la recuperación. De este importe total, 2.000 millones se destinarán exclusivamente a Canarias y Baleares, por ser las más golpeadas por la pandemia, y el resto, 5.000 millones, irán a las demás comunidades y ciudades autónomas.
Respecto al reparto de las ayudas, los autónomos que tributan en módulos recibirán 3.000 euros y entre 4.000 y 200.000 euros el resto de autónomos y empresas, importes que podrán elevarse tanto en Canarias y Baleares, siempre dentro de los límites de ayudas de Estado fijados por Bruselas. Las ayudas, que se podrán solicitar hasta el 31 de diciembre de este año, compensarán, como máximo, el 40 % de la caída adicional de ingresos en el caso de micropymes y autónomos (hasta 10 empleados), y hasta un 20 % para el resto de empresas.
Las comunidades autónomas recibirán la transferencia de estos fondos en un plazo máximo de un mes y diez días, previa firma de convenio, aunque está pendiente de publicación la orden que estipula el monto que le corresponderá a cada una de las regiones y que se aprobará en los próximos días.
Además de ayudas directas, se prevé un conjunto de medidas, dotada con 3.000 millones de euros, de apoyo y flexibilización de los préstamos que cuenten con aval público, permitiendo así que el ICO se incorpore a los procesos de refinanciación y reestructuración que pacten los bancos y sus clientes, protegiendo también la estabilidad financiera. Además de un fondo de recapitalización de empresas medianas afectadas por la crisis dotado con 1.000 millones de euros y gestionado por Cofides.
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